La aparición de aplicaciones que permiten a los propietarios alquilar sus viviendas o parte de ellas a viajeros y turistas se ha convertido en una opción habitual para todo aquel que recorre el mundo y para quien es dueño de una vivienda, sobre todo en las grandes metrópolis donde las estadías suelen ser más caras.

Pero también tiene una contracara, desventajosa. Y es que ante la posibilidad de cobrar alquileres más caros por estadías cortas, y de una mayor disponibilidad de la vivienda al no comprometerse en contratos largos, los dueños decidieron ofrecer sus propiedades en estas aplicaciones -la más conocida de ellas es Airbnb- y retirarlos del mercado tradicional de alquileres, que al achicarse elevó los precios para los inquilinos tradicionales.

Ante este estrechamiento de la oferta de alquileres tradicionales, los gobiernos de numerosas ciudades han salido a imponer restricciones a Airbnb y aplicaciones similares. El último de ellos es el de una capital emblemática del mundo: la ciudad de Nueva York.

A partir del 5 de septiembre comenzará a regir la Ley de Registro de Alquiler a Corto Plazo, que se aprobó en 2022 y estableció reglas para registrarse como un alquiler a corto plazo.

La entrada en vigor de la ley quedó firme luego de que a principios agosto una jueza estadounidense desestimara una demanda de Airbnb contra la ciudad de Nueva York por las restricciones que la gran urbe había establecido para los alquileres turísticos y temporarios.

Airbnb demandó a Nueva York en junio y consiguió aplazar al 5 de septiembre la entrada en vigor de la legislación, que busca regular la actividad en plena crisis de vivienda y obliga a los anfitriones a registrarse ante las autoridades.

La jueza Arlene Bluth, en un tribunal estatal de Manhattan, desestimó la pretensión de Airbnb al considerar "racional" que Nueva York exija a los anfitriones registrarse y controlar la legalidad de los alojamientos que ofrece, algo que la empresa llegó a calificar como un "veto de facto" a su actividad.

Originalmente, Nueva York iba a imponer las restricciones de alquiler a corto plazo a Airbnb en mayo, pero las retrasó a julio por problemas de personal, y después a septiembre debido a la demanda judicial.

Con la nueva legislación, la ciudad impide que se alquilen apartamentos enteros menos de 30 días, pero sí permite alquileres inferiores a ese plazo si el anfitrión está presente en el alojamiento y no tiene más de dos visitantes, norma que aplica no solo a Airbnb, también a otras plataformas.

Con las nuevas medidas, la ciudad exige que los anfitriones se registren ante una oficina especial de la Alcaldía, algo que para Airbnb como sus clientes supone un proceso lento e invasivo con la privacidad.

Según la demanda de Airbnb, los alquileres a corto plazo solo en la ciudad de Nueva York supusieron una facturación neta de 85 millones de dólares en 2022. La empresa tuvo unos ingresos de 8.400 millones de dólares en ese ejercicio.

Según los últimos resultados financieros de Airbnb, publicados hace un mes, en el segundo trimestre de 2023 la empresa tuvo un récord de alojamientos activos, 7 millones en todo el mundo, y logró un beneficio de 650 millones de dólares, un 72% más que en el mismo plazo del año anterior.